Resolución de 18 de julio de 2024, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se establecen los precios públicos del organismo.

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) se erige como un Organismo Autónomo Estatal, de conformidad con la definición dada por el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En este marco, el Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, lo configura como un ente adscrito al hoy Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, que cuenta entre sus fines, recogidos en el artículo 2, los de desarrollar y ejecutar las políticas de selección y de formación de los empleados públicos en el ámbito de sus competencias, promover y realizar estudios, publicaciones e investigaciones en materias relacionadas con la Administración pública y mantener relaciones de cooperación y colaboración con otras Administraciones y centros de formación de empleados públicos, nacionales e internacionales.

Tanto el Estatuto del INAP como la Ley 40/2015 proclaman su personalidad jurídica, tesorería y patrimonio propios, así como la autonomía en la gestión para el desarrollo de sus actividades. En este sentido, el artículo 10 del Estatuto determina entre sus recursos económicos, los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como sus productos y rentas, los ingresos de derecho público o privado que le correspondan y, en particular, los que procedan del desarrollo de las actividades relacionadas con los fines del Instituto.

Al efecto, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, establece en el título III, las normas sobre concepto, cuantía, fijación y administración de los precios públicos. Asimismo, el artículo 24 de la Ley 8/1989 define los precios públicos como las prestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando, prestándose también tales servicios por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

Por tanto, los servicios que presta este Instituto y las actividades que desarrolla presentan las características exigidas por dicha Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, para que las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de aquellos hayan de ser consideradas como precios públicos, de acuerdo, igualmente, con los criterios fijados en tal sentido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre.

Los precios públicos de este organismo precisan de una organización y sistematización concreta, así como de una actualización a los cambios producidos y al contexto actual. Mediante la presente resolución se procede al establecimiento de tales precios públicos con fundamento en el artículo 26.1.b) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y en el apartado cuadragésimo primero, 3 de la Orden TDF/469/2024, de 9 de mayo, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.