Real Decreto 438/2023, de 6 de junio, por el que se modifica la concesión de la autopista del Atlántico AP-9 para la ejecución de medidas de adecuación de túneles, de mejora de la eficiencia energética en túneles y de lucha contra la contaminación acústica.

La autopista AP-9, cuya titularidad ostenta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pertenece a la Red de Carreteras del Estado.

Mediante Decreto 1955/1973, de 17 de agosto, se adjudicó la titularidad de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista del Atlántico AP-9 a las entidades que posteriormente constituyeron la sociedad concesionaria Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, SA (Audasa).

En virtud del Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, es necesario ejecutar obras de adecuación de los túneles ubicados en la concesión anteriormente indicada. En concreto, se debe actuar en 7 túneles, que se extienden por una longitud total de tubos de 8,4 kilómetros.

Por resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 14 de marzo de 2022 se ha aprobado el «Proyecto de adecuación de los túneles de la Autopista AP-9 al Real Decreto 635/2006», redactado por Audasa.

Así mismo, es necesario mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras del transporte terrestre, por ello se están impulsando medidas que favorecen la eficiencia energética en los túneles de la Red de Carreteras del Estado.

En la misma línea, también se considera prioritario la lucha contra la contaminación acústica, por ello el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desarrollado y sometido a información pública el Plan de Acción contra el Ruido Fase II, que incluye actuaciones en ciertos tramos de la concesión de la autopista AP-9.

Además, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es beneficiario de fondos para la adecuación de los túneles de la Red de Carreteras del Estado, para la mejora de la eficiencia energética y para la lucha contra la contaminación acústica.

Dadas las características de esta modificación y su impacto en la economía de la concesión, para mantener el equilibrio económico de ésta, se ha establecido un reparto de obligaciones entre la Administración concedente y el concesionario: la Administración asume el coste de las obras, y el concesionario asume los costes de la redacción de los proyectos y de la conservación y explotación de las actuaciones desarrolladas.

Este real decreto se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, con audiencia y conformidad de la sociedad concesionaria.

Corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en el ámbito de las infraestructuras de transporte terrestre de competencia estatal y, en particular, la coordinación de las actuaciones que acuerde la Administración en relación con las concesiones de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.