Real Decreto 125/2022, de 15 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, relaciona en la disposición adicional séptima, apartado 1, las direcciones generales para las cuales no se considera necesario que sus titulares ostenten la condición de funcionario, en atención a las características específicas de dichos órganos directivos, así como, en su apartado 2, los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social que se eximen de dicho requisito de ser funcionario de carrera para sus titulares en atención a sus características específicas.

El 14 de diciembre de 2021, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 1.471/2021, recaída en el recurso ordinario número 112/2020, por la que se declara la nulidad de los apartados 2.e) y 1.m), de la citada disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, en los que se hace referencia a la Dirección General del Instituto de la Juventud y a la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, respectivamente.

En relación con las funciones de las citadas direcciones generales, cuya excepción es objeto de anulación, el artículo 7 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, regula las funciones que corresponden a la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030. Por su parte, las funciones del Instituto de la Juventud se regulan en el artículo 3 del Estatuto de este organismo autónomo, aprobado por Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, asimismo, siendo las competencias que se atribuyen a la persona que ocupe su dirección general las que se relacionan en su artículo 7.

Por otro lado, examinado el contenido de la referida sentencia en relación con la excepción regulada para la Dirección General del Instituto de la Juventud, la misma concluye que hay un déficit de motivación y una falta de explicación en la norma reglamentaria o en la memoria justificativa relativa al cambio de criterio respecto del Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud, en virtud del cual, las mismas funciones que el actual real decreto atribuye a la Dirección General de la Juventud, se consideraron asumibles dentro del régimen ordinario de provisión, lo que conduce a que el Tribunal repute no ajustado a Derecho el apartado 2.e), relativo a la Dirección General del Instituto de la Juventud, de la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, considerando que deben explicarse en el real decreto que crea o modifica la estructura de un departamento ministerial, de modo suficiente y razonado, no de forma genérica e inconcreta, los motivos de esa excepción, al considerar que son los elementos objetivos vinculados a las funciones y competencias de una determinada dirección general los que, mediante su explicación justifican en su caso, la excepción a la regla general.