Resolución de 7 de septiembre de 2022, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se sustituyen miembros de la Comisión evaluadora única de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Procura para el año 2022.

Mediante Resolución de 8 de agosto de 2022, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y de la Secretaria General de Universidades, se realizó el nombramiento de los miembros titulares y suplentes de la Comisión evaluadora única de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Procura para el año 2022.

En virtud del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, a propuesta del Consejo de Universidades, resultaron nombradas doña Yolanda Valdeolivas García, como vocal titular, y don Daniel Sarmiento Ramírez Escudero, como vocal suplente.

A tales efectos, y habiendo comunicado tanto doña Yolanda Valdeolivas García como don Daniel Sarmiento Rodríguez Escudero su renuncia a formar parte como vocales de la mencionada Comisión evaluadora única, resulta procedente aceptar su renuncia.

Consecuentemente, y en atención a la propuesta realizada con fecha 31 de agosto de 2022 por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, en sustitución de los nombrados se procede a designar a los miembros de la Comisión evaluadora única de la prueba de acceso al ejercicio de la profesión de la Procura de los Tribunales para el año 2022:

Vocal Profesor Universitario de disciplina Jurídica designado por el Consejo de Universidades:

Titular:

Doña Rosa María Gómez de Liaño Diego, Profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid.

Suplente:

Don Juan Manuel Alonso Furelos, Profesor titular la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Como miembros de la Comisión evaluadora única, los designados podrán ser recusados de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el titular del departamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de septiembre de 2022.–La Directora General para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal.–El Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón Carrazón.