Orden DSA/1055/2021, de 23 de septiembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación permanente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sus organismos públicos y entidades adscritas.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 323.4 y 326.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los Departamentos ministeriales podrán constituir Juntas de Contratación que actuarán como órgano de contratación con los límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determine el propio titular del Departamento.

Junto a ello, el artículo 7 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, señala que el Ministro podrá atribuir a las Juntas de Contratación las funciones de programación y estudio de las necesidades de contratos a celebrar y cualesquiera otras que estén relacionadas con la actividad contractual en el ámbito de las competencias del Ministerio.

En aras de garantizar la mayor eficacia y trasparencia en la gestión de la contratación de este Departamento, es conveniente proceder a la creación y regulación de la Junta de Contratación en el ámbito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Instituto de la Juventud y el Real Patronato sobre Discapacidad, adaptando en consecuencia la composición y funcionamiento de la Mesa de Contratación Permanente, como órganos especializados.

Para llevar a efecto la presente orden ministerial será necesario canalizar la relación entre la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación Permanente, por un lado, con los organismos públicos y entidades vinculadas con este Ministerio e incluidos en su ámbito de aplicación, por otro, a través de la figura de la delegación de competencias. En ese sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9.1, establece que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquéllas.

Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación, establecidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Es acorde con los principios de necesidad y eficacia, al establecer un marco claro de actuación y racionalizar el procedimiento. Se cumple el principio de proporcionalidad, ya que la disposición contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad perseguida. La norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional, de conformidad con el principio de seguridad jurídica.