Orden INT/966/2021, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 10 de febrero de 2000, por la que se aprueban las normas de organización y funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios.

Habiendo transcurrido más de veinte años desde la aprobación de la Orden de 10 de febrero de 2000, por la que se aprueban las normas de organización y funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios, se considera necesaria su actualización a fin de lograr una mayor descentralización de las funciones formativas del mencionado Centro. Así, con el propósito de favorecer la implicación de otras Administraciones Públicas, tanto a nivel local como autonómico en las labores formativas del Centro, se acuerda cambiar su sede.

Por tanto, se establece que la sede se ubique en la ciudad de Cuenca, por cuanto permite derivar, a su entorno local y social, un importante número de personas que, habiendo superado las pruebas selectivas, aspiran a integrarse en los diferentes cuerpos penitenciarios y grupos encuadrados en el personal laboral adscrito a la Administración Penitenciaria.

La posibilidad de concentrar la actividad formativa en la ciudad de Cuenca contrarresta el problema de dispersión al que se ven abocados tanto los funcionarios de nuevo ingreso, como los profesionales de instituciones penitenciarias que participen en la formación continua. Al tiempo que constituye un entorno ideal para acoger todo tipo de seminarios, ponencias y cursos de formación continua en los que los profesionales penitenciarios avanzan en la mejora de sus conocimientos y habilidades.

En efecto, este tipo de entornos socioculturales han demostrado una gran capacidad para generar sinergias en el ámbito de la formación dentro del propio Ministerio del Interior, y no sólo en el contexto penitenciario, sino también desde una perspectiva de conocimiento más amplia y con vocación de servicio público. Conviene poner de relieve que la nueva ubicación tratará de atenuar las consecuencias del despoblamiento que la Comisión Europea ya ha advertido en la provincia de Cuenca, considerada como una de las zonas más despobladas de la Unión Europea.

Asimismo, cabe recordar que la formación juega un papel fundamental para que estos funcionarios cumplan con los fines que el artículo 25.2 de la Constitución Española encomienda a la Administración Penitenciaria, como son la reinserción y la resocialización de los hombres y mujeres que cumplen penas privativas de libertad.

Esta norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En primer lugar, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, puesto que con su aprobación se persigue responder al requerimiento de concentrar y mejorar la formación en estudios penitenciarios en un solo y único centro formativo, a fin de impulsar la cooperación entre los funcionarios y sus formadores.

Se cumple, también, con el principio de proporcionalidad dado que la regulación que se contiene atiende estrictamente a los objetivos de la norma, esto es, fijar la sede del Centro de Estudios Penitenciarios en la ciudad de Cuenca, a fin de contrarrestar la dispersión a la que se ven abocados los numerosos integrantes de los diferentes procesos selectivos y los funcionarios en formación continua.