Resolución de 10 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal.

Suscrito el Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y Economía Social) y la Comunidad de Madrid para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 10 de agosto de 2021.–La Secretaria General Técnica, P.S. (Real Decreto 499/2020, de 28 de abril), el Subdirector General de Informes, Recursos y Publicaciones, Luis Navas López.

ANEXO

Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y Economía Social) y la Comunidad de Madrid para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal

Madrid a 29 de julio de 2021.

REUNIDAS

De una parte: la Excma. Sra doña Yolanda Díaz Pérez, en su condición de Vicepresidenta Tercera del Gobierno nombrada por el Real Decreto 234/2021, de 30 de marzo y Ministra de Trabajo y Economía Social, nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de sus atribuciones conferidas en virtud del artículo 61, K) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra la Excma. Sra. doña Isabel Natividad Díaz Ayuso en su condición de Presidenta de la Comunidad de Madrid nombrada por el Real Decreto 495/2019 de 16 de agosto (BOE de 17 de agosto de 2019), y en uso de sus atribuciones conferidas en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y del artículo 3 del Decreto 48/2019, de 10 de junio, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir.

EXPONEN

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, atribuye al Ministerio de Trabajo y Economía Social la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de empleo, economía social y responsabilidad social de las empresas.

Por otro lado, a la Comunidad de Madrid le corresponde competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia laboral, de acuerdo con el artículo 28.1.12 de su Estatuto de Autonomía aprobado por Ley orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de acuerdo a la modificación realizada por la Ley orgánica 5/1998, de 7 de julio. Entre tales competencias se encuentran el registro y depósito de los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresa de la Comunidad de Madrid, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales y la autorización para realizar la actividad de empresas de trabajo temporal, su registro, seguimiento y control.

En consecuencia, entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad de Madrid se han suscrito varios convenios para el funcionamiento de las aplicaciones electrónicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dan soporte a:

El registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

El depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

El registro de empresas de trabajo temporal.

La entrada en funcionamiento de estas aplicaciones ha permitido que cualquier trámite relacionado, tanto con el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, o el registro de empresas de trabajo temporal se pueda realizar de forma electrónica, dando cumpliendo así al derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además, la creación, de cada una de estas aplicaciones ha permitido la existencia, por primera vez, de una información completa, tanto de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo existentes como de las organizaciones sindicales y empresariales cuyos estatutos están depositados en las oficinas públicas de estatutos, como de las empresas de trabajo temporal registradas ante cualquier autoridad laboral del Estado.

2. El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal, al establecer que sus respectivos procedimientos deberán tramitarse a través de medios electrónicos, traen como consecuencia la necesidad de una aplicación informática que les dé cobertura.

Además, al establecerse en cada uno de los reales decretos la constitución de una base de datos central, exige que la información remitida por cada autoridad laboral competente se efectúe siguiendo unas determinadas especificaciones técnicas.

3. Por ello los reales decretos antes citados prevén la firma de convenios entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y aquellas comunidades autónomas que deseen utilizar las correspondientes aplicaciones informáticas como soporte informático de los citados procedimientos.

Dichos convenios se firmaron en el momento de entrada en funcionamiento de cada una de las aplicaciones. No obstante, dado que la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ha eliminado la vigencia indefinida prevista en los mismos, y que por otro lado los tres convenios tenían un texto prácticamente idéntico, se ha optado por agrupar los tres convenios anteriores en un único texto referido a las tres aplicaciones informáticas referidas.

En virtud de lo anterior, las partes arriba indicadas acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

En cumplimiento de lo previsto en:

– La disposición adicional primera del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

– La disposición adicional primera del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

– La disposición adicional única del Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal.

El presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad de Madrid, para el funcionamiento y gestión posterior del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, del depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y del registro de empresas de trabajo temporal.

Segunda. Uso de las aplicaciones informáticas constituidas en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Comprobadas las posibilidades de las aplicaciones informáticas gestionadas en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y el registro de empresas de trabajo temporal la Comunidad de Madrid se compromete a cumplir las especificaciones técnicas que se establecen para dichas aplicaciones informáticas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tercera. Utilización de las aplicaciones informáticas por la Comunidad de Madrid.

1. La Comunidad de Madrid albergará los datos obrantes en sus depósitos en las aplicaciones informáticas citadas en la cláusula anterior, gestionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

2. La Comunidad de Madrid puede plantear las modificaciones que considere oportunas para un mejor funcionamiento de sus depósitos y registros a través del procedimiento previsto en la cláusula décima, siempre que no suponga una modificación del convenio. Los cambios serán evaluados y, en caso de ser aceptados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social se incorporarán a la aplicación correspondiente.

Cuarta. Base de datos central.

1. A través de la correspondiente aplicación informática, las autoridades laborales competentes en la materia tendrán acceso a la base de datos central que incluirá todos los asientos electrónicos practicados en las condiciones establecidas en los reales decretos 713/2010, de 28 de mayo, 416/2015, de 29 de mayo, y 417/2015, de 29 de mayo.

2. Las bases de datos se configurarán de forma que permitan enlazar digitalmente con los boletines oficiales correspondientes en los que figuren las resoluciones del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, del depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, del registro de empresas de trabajo temporal y de los demás actos que sean objeto de publicación en los citados registros y depósitos.

La Comunidad de Madrid podrá utilizar las bases de datos centrales con el fin de realizar consultas y disponer de información sobre los convenios y acuerdos colectivos de trabajo, las organizaciones sindicales y empresariales y las empresas de trabajo temporal que figuren en las mismas.

Quinta. Acceso externo a los depósitos de estatutos y a la base de datos central.

1. La Administración General del Estado se obliga a crear un sitio de Internet para cada aplicación a través de los cuales se realizará el acceso externo a los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, los depósitos de estatutos, y los registros de empresas de trabajo temporal y a sus respectivas bases de datos centrales, a los que podrá acceder cualquier ciudadano sin necesidad de certificado digital.

La Comunidad de Madrid podrá personalizar sus páginas de entrada a sus registros y depósitos, así como añadir contenidos adicionales ajustándose a los requisitos de diseño establecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

2. Los contenidos insertados en las páginas de entrada a los registros y depósitos deberán ser coherentes con la legislación vigente en materia de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y empresas de trabajo temporal, sin que en ningún caso puedan contravenir su aplicación, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y sus correspondientes desarrollos reglamentarios.

Sexta. Acceso a los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, a los depósitos de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y a los registros de empresas de trabajo temporal.

1. El acceso a los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, a los depósitos de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y a los registros de empresas de trabajo temporal se realizará según el perfil informático correspondiente al usuario.

2. Los perfiles informáticos de acceso a dichos depósitos serán los siguientes:

a) Perfil de autoridad laboral que utilice la aplicación informática como soporte informático de su registro o depósito. Permitirá el acceso a todos los datos obrantes en su registro o depósito, así como la realización de los trámites relativos a todos los actos registrables o depositables. Permitirá, asimismo, la explotación informática de los datos, de acuerdo con las posibilidades de la aplicación.

Este perfil solo estará disponible para aquellas personas autorizadas por la Comunidad de Madrid a estar registradas como usuarias del sistema.

b) Perfil de usuario legitimado con certificado digital para solicitar el registro o depósito. Este perfil está destinado a todos aquellos ciudadanos que presenten solicitudes de actos registrables o depositables y de certificaciones conforme a lo previsto en cada real decreto.

c) Perfil de usuario sin certificado digital. Permitirá el acceso a la información que se considere en cada uno de los registros o depósitos, así como a la obtención de copias auténticas del texto de los estatutos. Este perfil está destinado a cualquier ciudadano que quiera conocer la información pública existente en cada una de las aplicaciones.

3. A efectos de lo previsto en esta cláusula, serán válidos los certificados reconocidos por la plataforma @firma del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

4. Corresponderá a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social adoptar las medidas necesarias para dar de alta como usuario administrador de cada base de datos central a una persona designada por cada autoridad laboral de acuerdo con el perfil asignado a cada uno. El acceso deberá facilitarse dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud.

Una vez dado de alta, corresponderá al usuario administrador gestionar los trámites relacionados con los usuarios de la aplicación ubicados en su ámbito de actuación.

Séptima. Asistencia a los usuarios de la aplicación.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de los usuarios un sistema de atención electrónica destinado a solucionar problemas derivados de la utilización de las aplicaciones informáticas.

Octava. Protección de datos.

La gestión de los datos obrantes en cada uno de los registros y depósitos se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Novena. Ausencia de coste.

Este convenio no conllevará contraprestación económica alguna por las partes. Las actividades de colaboración no supondrán, ni para el Ministerio de Trabajo y Economía Social ni para la Comunidad de Madrid, incurrir en gasto alguno ni darán lugar a repercusión presupuestaria de ningún tipo.

Décima. Seguimiento.

Para velar por el cumplimiento del presente convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por seis miembros, el titular de la Dirección General con competencia en relaciones laborales de la Comunidad de Madrid, el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o personas en que los mismos deleguen, así como por otros dos vocales representantes de cada Administración. En calidad de asesores, con derecho a voz, pero sin voto, podrán incorporarse aquellos técnicos que cada parte considere oportuno.

La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Funciones:

a) Efectuar un seguimiento del sistema, evaluar el funcionamiento de las bases de datos centrales y de los depósitos y registros de las autoridades laborales y, en su caso, proponer la introducción de cambios en las aplicaciones informáticas que supongan una mejora en la gestión de los registros y depósitos de las autoridades laborales, en las bases de datos centrales o en el sitio de Internet que les sirve de soporte, siempre que ello no suponga contravenir los reales decretos 713/2010, de 28 de mayo, 416/2015, de 29 de mayo y 417/2015, de 29 de mayo.

b) Recibir las comunicaciones relativas a los cambios en las aplicaciones informáticas.

c) Velar por el cumplimiento del presente instrumento de colaboración y resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se pudieran plantear con motivo de la aplicación del mismo.

Undécima. Régimen jurídico aplicable y orden jurisdiccional competente.

Este convenio tiene naturaleza administrativa conforme a lo dispuesto, especialmente para los convenios, en el título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula décima, las cuestiones litigiosas surgidas por la ejecución del presente convenio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Duodécima. Vigencia del convenio.

El Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», conforme lo dispuesto en la disposición final segunda del Real decreto 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los firmantes podrán acordar, antes del vencimiento del plazo de vigencia, una prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.

Decimotercera. Modificación, extinción y resolución del convenio.

1.º La modificación del convenio solo podrá realizarse por acuerdo unánime de cada una de las partes.

2.º El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución las siguientes:

1. Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en las condiciones que ambas estipulen.

3. Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del convenio.

4. Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de este convenio por una de las partes. En este caso, la parte interesada deberá notificar a la otra parte la existencia del incumplimiento. La parte incumplidora deberá, en un plazo de 30 días hábiles, subsanar el incumplimiento denunciado o justificar debidamente el incumplimiento.

Transcurrido este plazo, si persiste el incumplimiento, la parte interesada trasladará el asunto a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula décima.

Si reunida la Comisión de Seguimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

5. Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.

6. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

7. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la Ley.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes a propuesta de la comisión de seguimiento, prevista en la Cláusula Décima, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.–La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso.