Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas se aprobó, en su versión inicial, en 1977 y a lo largo de estos decenios ha sufrido numerosas modificaciones. Aun así, las circunstancias cambian de forma muy sensible y ello exige una nueva norma que regule de forma más coherente, eficiente y equilibrada las funciones de la Oficina de Interpretación de Lenguas en sí misma, el Cuerpo de Traductores e Intérpretes y las condiciones de nombramiento y ejercicio profesional de los Traductores-Intérpretes Jurados.

En cuanto a las funciones de la Oficina no parece necesario efectuar grandes cambios, si bien es conveniente establecer su condición como órgano con competencias para decidir, en última instancia, sobre las discrepancias en materia de traducción que pudieran darse con otros organismos de la Administración General del Estado.

En relación con el Cuerpo de Traductores e Intérpretes, y debido al incremento en sus dotaciones y su distribución interdepartamental, se ha considerado conveniente el cambio de denominación del Cuerpo, que pasaría a ser Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado, así como la necesidad de que la Oficina de Interpretación de Lenguas pueda impartir instrucciones y fijar criterios en su ámbito de actividad, que deberán ser seguidos por sus miembros.

Por lo que se refiere a los Traductores-Intérpretes Jurados se plantea una importante novedad, basada en, por una parte, la peculiaridad del título en España, ya que comprende tanto la traducción como la interpretación (circunstancia que solo se da en Polonia y Rumanía en el entorno de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza) y las consecuencias que ello tiene en relación con el reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otros países del ámbito geográfico mencionado. Por otra, la creación del Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales, con arreglo a lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Consecuencia de todo ello es la creación de dos nuevos títulos (Traductor Jurado e Intérprete Jurado), manteniendo el existente, que quedaría en la condición de «a extinguir».

Los objetivos de la norma serían, por tanto: 1) actualizar las funciones de la Oficina de Interpretación de Lenguas; 2) fijar las competencias de dicha Oficina en materia de traducción e interpretación en el ámbito de la Administración General del Estado; 3) fijar la composición del Cuerpo de Traductores e Intérpretes, su nueva denominación, y las funciones de sus integrantes; 4) regular la obtención de los títulos de Traductor Jurado e Intérprete Jurado, y 5) llevar a cabo el desarrollo reglamentario de la disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.