Orden PCI/18/2020, de 10 de enero, por la que se establece el Reglamento del Observatorio Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones y se determinan las condiciones para el registro y reconocimiento de las entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las Cualificaciones.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, formado por diferentes instrumentos y acciones, siendo el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, el eje que articula dicho sistema, como referente para el diseño de las ofertas formativas de títulos de formación profesional y de certificados de profesionalidad que se diseñan y elaboran desde la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo, por parte de las administraciones educativa y laboral, respectivamente.

De acuerdo con la finalidad última del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, pretende facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida y la movilidad de los trabajadores. Para el logro de estas finalidades, el Catálogo debe recoger las cualificaciones profesionales identificadas en cada momento en el sistema productivo.

Por otra parte, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, define en su artículo 5.1 «un escenario plurianual que actúe como marco de planificación estratégica de todo el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, para asegurar que el sistema responda de forma dinámica a las necesidades formativas de empresas y trabajadores identificadas desde los distintos ámbitos competenciales y ofrecer una imagen de certidumbre y estabilidad a todos los agentes implicados en su desarrollo que permita la inversión en formación y la generación de estructuras estables en el tiempo.

Su diseño se realizará con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, de las comunidades autónomas, de las estructuras paritarias sectoriales y de las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de las entidades de la economía social en su ámbito específico; y con la colaboración de otros departamentos ministeriales, de observatorios y expertos en la materia».

De acuerdo con los informes que sobre el Mercado de Trabajo Estatal elabora periódicamente el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, «la evolución del sistema productivo y la mejora del mismo requieren la incorporación de nuevas competencias a los trabajadores, de forma que puedan contribuir a mejorar la competitividad y el crecimiento de las empresas […]. La velocidad a la que se está produciendo este cambio precisa de una capacidad de adaptación y flexibilidad en los programas de formación, con el fin de prever y dar respuesta ágil al mismo, ofreciendo personas suficientemente formadas para abordar nuevos perfiles profesionales». Es evidente que esas nuevas competencias afectan en desigual grado y de distinta manera a los diferentes sectores profesionales. Sin embargo, existen algunas necesidades transversales a todos ellos, como son la formación digital y el comercio electrónico, los procesos industriales que se dirigen hacia la industria 4.0, la transformación industrial derivada de la implantación de los principios de la economía circular, o la implementación de redes de comunicación 5G. Estos ejemplos son actuales, pero a buen seguro quedarán obsoletos en un plazo no demasiado largo, y es responsabilidad de los poderes públicos asegurar una oferta adecuada a los requerimientos formativos específicos de cada sector profesional y de las nuevas profesiones emergentes.