Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 3 de diciembre de 2020.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez.

ANEXO

Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, de 4 de junio de 2020, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con el Decreto-Ley 5/2019, de 17 de diciembre, ambas partes las consideran solventadas en base a los siguientes compromisos y consideraciones:

A) En relación con el artículo único, en sus apartados Tres, Cuatro, Cinco y Trece (por los que se modifican los artículos 8.1, 9.3, 10.2 y Anexo I respectivamente de la Ley 3/2016, de 9 de junio), ambas partes coinciden en manifestar que, en aplicación del deber de colaboración entre las Administraciones Públicas en los términos previstos en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se procederá por ambas a la creación de un grupo de trabajo que determine, en aras de la calidad regulatoria, la mejor articulación de la normativa estatal y autonómica para la protección de los consumidores y usuarios en esta materia.

B) En relación con el artículo único, en su apartado Nueve (por el que se modifica el artículo 14.2 de la Ley 3/2016, de 9 de junio), la Comunidad Autónoma asume el compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa que modifique su tenor al objeto de remitir la determinación de la oferta vinculante a la regulación establecida por la normativa estatal.

2.º En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas.

3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».