Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Biblioteca Nacional de España, O.A., por la que se modifica la de 28 de febrero de 2018, por la que se aprueban los precios públicos de aplicación a los servicios prestados por dicho organismo.
Ministerio de Cultura y Deporte · 19 de octubre de 2020
En pocas palabras
Añade un nuevo apartado 9 al artículo 2 de la Resolución de 2018 que regula los precios públicos de la Biblioteca Nacional de España. Permite excepcionar el pago de esos precios en situaciones sociales o económicas excepcionales, con carácter general o para colectivos concretos, mediante resolución de la Dirección.
Qué cambia
Los usuarios de los servicios de la Biblioteca Nacional de España podrían no pagar los precios públicos en situaciones sociales o económicas excepcionales, si así se acuerda. La medida busca apoyar a las industrias culturales y a usos docentes y educativos.
- A quién afecta
- usuarios de los servicios de la Biblioteca Nacional de España · industrias culturales y creativas · sector editorial · diseño gráfico · sector de la investigación y ámbito educativo
- Cultura y deporte
- Administración pública e instituciones
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
El Estatuto de la Biblioteca Nacional de España, dictado en desarrollo de la Ley 1/2015, de 24 marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España y aprobado mediante el Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre establece en su artículo 8, en relación con la Comisión Permanente del Real Patronato, que «Artículo 8. Composición y competencias de la Comisión Permanente. […] 3. Corresponde a la Comisión Permanente: […] a) Impulsar y supervisar la estrategia, los objetivos y las actuaciones fijadas en el Pleno del Real Patronato. A estos efectos realizará las siguientes actuaciones: […] Proponer los precios públicos por prestación de servicios que serán aprobados por la Dirección de la Biblioteca Nacional de España en los términos que establece la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos […].»
En este momento se hace necesaria la adopción de medidas encaminadas a apoyar al sector cultural facilitando imágenes de libre uso que permitan el desarrollo de modelos de negocio de las industrias culturales como forma de creación de riqueza para el sector editorial, creativo o el diseño gráfico, así como apoyo a usos docentes y educativos.
Además, con esta decisión, la Biblioteca Nacional de España se alinea con las recomendaciones y propuestas que en los últimos años han emanado tanto de la Unión Europea como de las leyes nacionales: tanto la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información en el Sector Público como la posterior Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público consideran que la información que generan las Administraciones Públicas y los organismos del sector público como un importante recurso para promover la economía del conocimiento. Por este motivo, entiende que su reutilización y puesta a disposición con fines privados o comerciales favorece la circulación de información hacia los agentes económicos y la ciudadanía con el fin de fomentar el crecimiento económico, el compromiso social y la transparencia. Desde la Biblioteca Nacional de España, con esta medida, se quiere también contribuir y apoyar a las industrias culturales y creativas así como al sector de la investigación, contribuyendo de esta manera a las medidas de apoyo impulsadas por el Gobierno.
En consecuencia, a propuesta del Comisión Permanente del Real Patronato, previa autorización del Ministro de Cultura y Deporte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 26.1.b) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, resuelvo:
Artículo único. Modificación de la Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se aprueban los precios públicos de aplicación a los servicios prestados por dicho organismo.