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Establece modelos normalizados para informar de las comisiones y gastos de los planes de pensiones imputables al plan. Las entidades gestoras deberán usar estos modelos en los documentos de información general, de datos fundamentales para el partícipe y en la información periódica.

Modifica la Circular 3/1996 sobre control del gasto público. Eleva de 300.000 pesetas a 3.000 euros el importe de los justificantes de anticipos de caja fija que deben comprobarse siempre, y actualiza la referencia al límite de pagos individuales a 5.000 euros.

Establece las reglas para calcular las previsiones de pensión que las gestoras de fondos de pensiones de empleo deben incluir en la declaración anual de prestaciones que entregan a cada partícipe. Fija criterios sobre edad de jubilación, rendimiento de las inversiones, tablas de supervivencia y escenarios alternativos.

Obliga a los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y mediadores de seguros complementarios a usar medios electrónicos para comunicarse y recibir notificaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Regula cómo se practican esas notificaciones y los avisos de puesta a disposición.

Establece los requisitos cuantitativos y cualitativos para que las hipótesis biométricas (tablas de mortalidad y supervivencia) usadas por aseguradoras y reaseguradoras sean adecuadas al calcular tarifas de primas y provisiones técnicas. También fija la metodología para elaborar tablas propias y criterios de buen gobierno, y modifica la Circular 1/2018.