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El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el uso del «valor de referencia» del catastro para calcular la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Examina si ese sistema respeta el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2024 de Aragón sobre comunidades energéticas y autoconsumo industrial. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra esa ley. Desde ahora esos preceptos vuelven a aplicarse mientras se resuelve el recurso.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de cinco propietarios de viviendas unifamiliares en Porto do Son (A Coruña). No fueron llamados al proceso contencioso-administrativo en el que se anularon las licencias urbanísticas de sus parcelas y viviendas, por lo que se vulneró su derecho a la tutela judicial sin indefensión.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Xunta de Galicia contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos sobre el ámbito de aplicación ha perdido objeto y se remite a su doctrina previa sobre la constitucionalidad de la amnistía.

El Pleno del Tribunal Constitucional no admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra varios artículos de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. La cuestión se refería a los artículos 1, 3, 4 y 11 y a la disposición final segunda de esa ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional no admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Madrid contra el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. La cuestión se refería a la posible aplicación de esa amnistía a condenas por desórdenes públicos tras una concentración en Madrid en 2019.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un teniente del Ejército de Tierra y anula la sentencia del Tribunal Supremo que había revocado su absolución. Considera que el Supremo se extralimitó al valorar de nuevo la prueba y vulneró la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un condenado al que se revocó la suspensión de la pena de prisión por no pagar la responsabilidad civil. Declara que esa revocación vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal por falta de motivación suficiente.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de una diputada de la Asamblea de Madrid contra la inadmisión de cinco preguntas al Gobierno autonómico. Declara que esa inadmisión vulneró su derecho a ejercer las funciones representativas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2022. Los recurrentes desistieron de impugnar los artículos 1.1, 1.4 y 2.1, y el recurso se limita a los artículos 10, 29.1 y 29.4. La sentencia analiza si esos preceptos respetan los límites de los decretos-leyes.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo del Grupo Parlamentario Más Madrid contra los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid que no admitieron a trámite una comisión de investigación, varias proposiciones no de ley y solicitudes de comparecencia. La Mesa basó la inadmisión en un juicio sobre la oportunidad de las iniciativas, lo que el Tribunal considera contrario al derecho de los representantes a ejercer sus funciones.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un fiscal y anula la sentencia del Tribunal Supremo que había anulado su nombramiento como fiscal de sala de Menores. El tribunal considera que se vulneró su derecho de acceso a las funciones públicas porque la resolución judicial trató la especialización en Derecho de menores como el único mérito determinante para adjudicar la plaza.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un fiscal y declara que se vulneró su derecho de acceso a las funciones públicas. La sentencia del Tribunal Supremo había anulado su nombramiento como fiscal de sala de Menores por entender que la especialización en Derecho de menores era el único mérito determinante.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un ciudadano ruso al que se le expulsó de España por estancia irregular. Considera que los tribunales aplicaron la norma sancionadora de forma irrazonable al imponer la expulsión en lugar de la multa, vulnerando la tutela judicial efectiva y la legalidad sancionadora.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un detenido al que se denegó el habeas corpus sin que su abogado recibiera los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la detención policial. Declara vulnerado su derecho a la libertad personal.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de tres personas a las que un juzgado de Palma de Mallorca no emplazó correctamente por vía electrónica en un juicio y luego rechazó su incidente de nulidad. Se declara vulnerado su derecho a la tutela judicial sin indefensión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.