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Modifica la estructura orgánica de los ministerios de Justicia, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Defensa. Reorganiza órganos y unidades, suprime algunos y adapta el Servicio Jurídico del Estado.

Crea y regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, un fondo público sin personalidad jurídica que sustituye al anterior Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El fondo financia medidas de aguas, costas, cambio climático, contaminación, biodiversidad y meteorología dentro del Plan de Recuperación.

Regula la concesión directa de subvenciones para financiar planes piloto que reduzcan el riesgo de inundación en edificaciones, equipamientos e instalaciones existentes en cinco municipios de Murcia. Las ayudas se destinan a actuaciones de adaptación frente a inundaciones en esas zonas.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar el funcionamiento de plantas potabilizadoras de agua en su territorio. La ayuda se destina a abaratar el precio final del agua potable obtenida por desalación de agua de mar.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para reducir el coste del agua de riego agrícola obtenida por desalación y por extracción de pozos y galerías. La subvención se financia con cargo a los presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de los departamentos ministeriales.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.