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Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Un tribunal de Madrid pregunta si esa disposición vulnera varios artículos de la Constitución. El Pleno del Tribunal se reserva el conocimiento del asunto.

Regula los tipos de cuentas donde se sitúan los fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público administrativo estatal. Establece cómo se autoriza su apertura, uso y cancelación, y el control de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del «Programa TándEM en entidades del sector público estatal», un programa de formación en alternancia con el empleo para jóvenes menores de 30 años no cualificados, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva y las condiciones para exigirla y aplicarla. Crea un Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y prevé un reglamento de condiciones básicas y un Plan Nacional de Accesibilidad.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Establece un procedimiento objetivo y competitivo para decidir la localidad donde se ubican las entidades del sector público institucional estatal. Crea una Comisión consultiva que participa en ese proceso y fija criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia.

Establece cómo otras administraciones tributarias españolas pueden pedir a la Agencia Tributaria que envíe peticiones de asistencia mutua a otros países de la Unión Europea para cobrar deudas tributarias. Regula los requisitos, los canales de transmisión de información y el procedimiento para transferir el dinero recaudado.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Modifica la Orden TMS/368/2019, que regula la oferta formativa de formación profesional para el empleo y las subvenciones para financiarla. El cambio permite ampliar los plazos de ejecución de los programas formativos subvencionados ante situaciones como la pandemia de COVID-19 u otras circunstancias sobrevenidas.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Actualiza las cifras que marcan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2022. Sustituye los umbrales anteriores por los fijados por la Comisión Europea en cuatro reglamentos de noviembre de 2021.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.