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Crea la Agencia Vasca de Ciberseguridad, un organismo público con órganos de gobierno propios. Regula sus funciones, su estructura, su personal y su régimen económico y de contratación.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte a administraciones públicas e instituciones para financiar actuaciones culturales y deportivas, como la rehabilitación de patrimonio industrial. Establece las entidades beneficiarias, los gastos cubiertos, el procedimiento de concesión, el pago y la justificación.

Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula la identidad digital, la contratación pública y la seguridad en telecomunicaciones. La sentencia analiza si el Gobierno justificó la urgencia de la norma y si algunas medidas invaden competencias autonómicas.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

Regula la Presidencia y el Gobierno de Canarias: cómo se elige y nombra al presidente o presidenta, sus funciones, deberes y derechos, el cese y la suplencia. También ordena la composición y el funcionamiento del Gobierno, sus atribuciones y sus relaciones con el Parlamento de Canarias.

La ley tiene como objetivo lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en La Rioja y eliminar la discriminación por razón de sexo. Regula las competencias de la administración autonómica y local, crea órganos de coordinación y un Fondo de Igualdad, y establece medidas en educación, empleo, salud, urbanismo, cultura, deporte y medios de comunicación, con un régimen sancionador.

Aprueba las normas de organización y funcionamiento de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Regula su composición, sus funciones de regulación, supervisión y análisis económico, y la Estrategia Nacional de Contratación Pública.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por el País Vasco contra varios artículos del Reglamento de actuación del sector público por medios electrónicos. El conflicto se extingue porque ha perdido su objeto de forma sobrevenida.

Establece las reglas generales y el procedimiento para que las Administraciones Públicas Vascas ejerzan la potestad sancionadora en cualquier materia. Regula principios como culpabilidad, tipicidad y responsabilidad, y fija cómo se inicia, instruye y resuelve un procedimiento sancionador.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.