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Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Regula la organización y el funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Establece las reglas de sus órganos, competencias, actuación administrativa, funcionamiento electrónico y relaciones con otras administraciones.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

Esta ley crea un modelo de relación entre las empresas y las administraciones públicas de Cataluña, con una Ventanilla Única Empresarial y un portal único digital. Regula cómo se autorizan, comunican y controlan las actividades económicas y los establecimientos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

La ley aprueba los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos de la administración regional y sus organismos. También establece normas para ejecutar el presupuesto, gestionar el personal, las operaciones financieras y algunas medidas tributarias.