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Regula la cooperación de las Illes Balears para el desarrollo y la transformación global. Establece la planificación, los instrumentos y las modalidades de la cooperación, la organización de la política autonómica, los recursos y los agentes que participan, y crea el Registro de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

La ley regula las políticas de juventud en las Illes Balears: fija los derechos y deberes de las personas jóvenes, reparte competencias entre el Gobierno autonómico, los consejos insulares y los ayuntamientos, y ordena ámbitos como educación, empleo, vivienda, salud y deporte. También crea instrumentos de planificación, participación juvenil y un régimen sancionador.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para tramitar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación pública y el personal implicado en esos fondos.

Modifica la Ley 4/2013 de coordinación de las policías locales de las Illes Balears para estabilizar las plantillas y cubrir la falta de agentes en los municipios. Regula procesos selectivos de nuevo ingreso, unificados o descentralizados, y medidas extraordinarias para seleccionar personal interino.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Modifica el artículo 51 de la Ley de capitalidad de Palma para fijar los supuestos en que el defensor o defensora de la Ciudadanía cesa en el cargo antes de terminar su mandato. Estos supuestos son dimisión, inhabilitación o incapacidad firme, pérdida de la condición de vecino, condena por delito doloso firme, negligencia manifiesta apreciada por el Pleno y defunción.