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Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

La ley establece medidas sociales y económicas. Declara exento del IRPF el ingreso mínimo vital, junto con otras ayudas de comunidades autónomas y entidades locales, hasta un límite anual conjunto. También concede una ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda para ejecutar sentencias judiciales.

Adopta medidas urgentes en materia de energía para facilitar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, impulsar el autoconsumo eléctrico y el despliegue de energías renovables. Modifica varias normas del sector eléctrico, de hidrocarburos y tributarias.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

España se adhiere a la Decisión del Fondo Monetario Internacional sobre los Nuevos Acuerdos para la obtención de préstamos, aprobada el 16 de enero de 2020. Mediante esta adhesión, España se compromete a poner recursos a disposición del Fondo en las condiciones fijadas en la decisión.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras para aplicar una directiva europea que busca que los accionistas de sociedades cotizadas mantengan su inversión a largo plazo. Regula el voto doble por lealtad, la remuneración de consejeros, las operaciones vinculadas y los asesores de voto.

Crea un espacio controlado de pruebas para que empresas puedan probar proyectos tecnológicos financieros bajo supervisión de las autoridades. Regula cómo acceder, las garantías para los participantes y el seguimiento de las pruebas, y establece cauces de comunicación con los supervisores.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.