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Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.