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Modifica la Ley 3/2024 para ampliar las medidas urbanísticas que permiten aumentar la oferta de vivienda de protección pública. Facilita el cambio de uso de edificios y parcelas de oficinas a vivienda protegida en alquiler sin recalificar el suelo.

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Establece un sistema de colaboración con colegios profesionales y otras entidades para que emitan informes técnicos que agilicen la tramitación de licencias urbanísticas. También modifica varias leyes de suelo, vivienda y cooperativas para impulsar la construcción de viviendas en Canarias.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Establece medidas urgentes para construir y adjudicar vivienda protegida en la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Regula la cesión de suelo, la ejecución de obras, las personas beneficiarias y el régimen de las viviendas construidas.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas de residuos y agua, y en normas sobre finanzas, subvenciones, urbanismo, carreteras, vivienda protegida, turismo, discapacidad y sanidad.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para facilitar la creación de suelo destinado a vivienda protegida. Permite implantar viviendas públicas de protección en suelos vacantes de la red de servicios y de equipamiento, reduciendo cargas urbanísticas en esos procesos.

El decreto-ley declara la emergencia habitacional en Canarias y establece medidas para aumentar el suelo y las edificaciones disponibles para vivienda. Incluye cambios de uso de locales y parcelas a residencial, división de viviendas, promoción de vivienda protegida y agilización de trámites urbanísticos.

Establece medidas urgentes para construir y adjudicar vivienda protegida en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Regula la cesión de suelo, la ejecución de las obras, las personas beneficiarias y el régimen de adjudicación de las viviendas.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado en las Illes Balears, con un precio máximo de compraventa y de alquiler. Regula sus condiciones, crea un registro autonómico de estas viviendas y modifica varias normas de urbanismo, turismo y vivienda.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

La ley establece medidas para luchar contra la ocupación de viviendas en la Región de Murcia. Modifica la Ley de Vivienda de la Región de Murcia y la Ley de Hacienda regional, y crea un Servicio de Mediación Hipotecaria y Lucha contra la Ocupación.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.