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Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Deroga el Real Decreto 199/2010, que regulaba la venta ambulante o no sedentaria. El Tribunal Constitucional había declarado que esa norma invadía competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de comercio.

El Decreto-ley regula el transporte público regular de viajeros por carretera en Extremadura para adaptarlo a la crisis sanitaria. Establece un régimen de transporte a la demanda y compensaciones económicas a las empresas que cumplen obligaciones de servicio público. También modifica la Ley del comercio ambulante para dar más autonomía a los ayuntamientos.