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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica la Ley 3/2024 para ampliar las medidas urbanísticas que permiten aumentar la oferta de vivienda de protección pública. Facilita el cambio de uso de edificios y parcelas de oficinas a vivienda protegida en alquiler sin recalificar el suelo.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Modifica la Ley de puertos de las Illes Balears para adaptarla a la normativa estatal. Añade un artículo sobre embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en zonas portuarias de gestión directa y habilita al Consejo de Gobierno para desarrollarla.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Modifica la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. En el suelo, regula la vigencia y posible prórroga del informe ambiental estratégico. En cooperativas, cambia el apartado primero de su disposición transitoria segunda.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Andalucía. Establece cómo se clasifican y declaran los bienes culturales, quién tiene competencias y qué obligaciones existen para sus propietarios. También crea instrumentos de registro e información y fija un régimen de inspección y sanciones.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección en Canarias. Establece reglas sobre tala y poda, obliga a los municipios a hacer inventarios de sus árboles y crea un régimen sancionador.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Regula el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: cómo se clasifican, adquieren, usan y protegen sus bienes y derechos. Incluye normas sobre bienes públicos y privados, alquiler y cesión de inmuebles, edificios administrativos y empresas públicas.

Establece ayudas extraordinarias para reparar los daños de los incendios forestales del verano de 2025 en Extremadura y refuerza la prevención de incendios. Incluye subvenciones para el sector agrícola y ganadero, para préstamos a titulares de cultivos, para el turismo, bonificaciones de tasas y cambios en normas de urbanismo, medio ambiente y gestión forestal.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.

Regula el uso turístico de viviendas en Canarias: define qué es una vivienda de uso turístico, cómo encaja en el planeamiento urbanístico y qué declaración responsable debe presentarse para ejercer la actividad. Establece límites temporales a esa declaración y reglas de control e inspección.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.