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Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.

Regula el uso turístico de viviendas en Canarias: define qué es una vivienda de uso turístico, cómo encaja en el planeamiento urbanístico y qué declaración responsable debe presentarse para ejercer la actividad. Establece límites temporales a esa declaración y reglas de control e inspección.

Regula la concesión directa de una subvención a la Universidad Politécnica de Madrid para financiar el Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Fija el beneficiario, las actividades subvencionadas, la cuantía, el pago, la justificación y el régimen de incumplimientos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025 de las Illes Balears, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una persona contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas. La sentencia declara nulo de pleno derecho ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico e impone las costas a la Administración General del Estado.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra y la ley de ordenación del territorio y urbanismo. Regula los requisitos de acceso a viviendas protegidas, el censo de solicitantes y el procedimiento de adjudicación con reservas, tramos de renta y baremos.

Regula la protección, gestión y ordenación del paisaje en La Rioja. Crea instrumentos como el Catálogo de Paisaje, la Directriz de Paisaje y el Observatorio del Paisaje, y establece un régimen de infracciones y sanciones.