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Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Establece medidas para impulsar la construcción de viviendas de titularidad pública en las Illes Balears, con reglas para su promoción, planificación y ejecución. También modifica la Ley de vivienda para añadir el derecho de tanteo y retracto de la Administración y agiliza trámites administrativos.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley de suelo de Extremadura. Declara extinguida en parte la cuestión porque uno de los preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior, y considera conforme a la Constitución el precepto sobre la adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes a la nueva ley.

Este decreto-ley establece medidas para impulsar el Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit). Define qué actividades pueden instalarse, cómo se gestiona el parque, incentivos y ayudas para nuevas empresas, y medidas para agilizar los trámites administrativos.

Modifica varias leyes de vivienda y urbanismo de Cataluña para ampliar la oferta de vivienda a precios moderados y de protección pública en alquiler. Ajusta el planeamiento urbanístico, el patrimonio público de suelo y vivienda y las reservas para vivienda protegida.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.

Regula los puertos de Cataluña y el transporte de pasajeros en aguas marítimas y continentales. Establece la planificación, organización y gestión del sistema portuario, el uso del dominio público, los servicios portuarios y su régimen económico. También fija el régimen de inspección e infracciones y sanciones.

Modifica la Ley catalana de cambio climático y la Ley de urbanismo, y regula la autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Establece criterios de implantación, trámites de información pública y evaluación de impacto ambiental, y limita el uso de coque de petróleo y carbón en la industria.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, que buscaba acelerar la transformación del modelo económico regional para generar empleo estable. Anula parcialmente preceptos sobre el incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y sobre normas transitorias de planeamiento ambiental, e interpreta otros conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley del suelo de Extremadura porque ese precepto ya había sido anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal. La cuestión la había planteado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.