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Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

El Consejo General del Poder Judicial aprueba un nuevo reglamento que sustituye al de 2010 y regula cómo se cubren las plazas de nombramiento discrecional en órganos judiciales. Fija los méritos que se valoran, el procedimiento de convocatoria y solicitud, y la propuesta de nombramiento ante el Pleno.

Crea 69 nuevas unidades judiciales y una plaza de Juez o Jueza de Adscripción Territorial para la programación de 2023, y ajusta la planta judicial. También dota plazas de Magistrado o Magistrada en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y regula la transformación de juzgados.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa ha perdido su objeto, porque ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la Ley 3/2020. Ese precepto permitía que las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia autorizaran o ratificaran medidas sanitarias de protección de la salud pública cuando los destinatarios no estuvieran identificados.

Crea 56 nuevas unidades judiciales para 2021 y cuatro plazas de Juez de Adscripción Territorial en Cataluña. Modifica la planta judicial y la composición de secciones y juzgados para agilizar la actividad judicial tras la crisis del COVID-19.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.