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Modifica el Estatuto de los Trabajadores para regular la relación laboral de las personas que reparten a través de plataformas digitales. Establece que estas personas son trabajadoras por cuenta ajena y refuerza el derecho de información de sus representantes en entornos digitales.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Regula el mantenimiento del empleo en centros sanitarios y sociales, medidas extraordinarias de protección del empleo y el cómputo de contratos temporales. También fija reglas sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo.

Regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestan servicios esenciales. Durante el permiso se reduce la movilidad de la población para frenar el COVID-19. Las horas no trabajadas se recuperan después.

Prolonga hasta que terminen las medidas de emergencia sanitaria por la COVID-19 varias medidas extraordinarias para las sociedades cooperativas catalanas, como las relativas a sus asambleas, causas de disolución y vigencia de los cargos. También modifica el Decreto-ley 16/2020 en materia de empresas y entidades de economía social.

Establece medidas sociales extraordinarias por la COVID-19 en residencias y centros de día para personas mayores, incluyendo la actualización de precios y un complemento a la prestación económica vinculada al servicio. También crea una prestación en el ámbito de la cultura y modifica el Decreto-ley 25/2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, sobre medidas sociales de refuerzo y consolidación en defensa del empleo. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2021, que adopta medidas para reducir la brecha de género en el ámbito de la Seguridad Social y en materia económica. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Establece subvenciones extraordinarias para entidades locales de Cataluña con el fin de financiar proyectos de empleo y fomento de la actividad económica en territorios afectados por confinamientos más severos durante la COVID-19. Regula las actuaciones subvencionables, los requisitos de las entidades beneficiarias, las cuantías y el procedimiento de concesión.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Modifica el Real Decreto 665/1997 para actualizar la protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos y mutágenos. Añade a la lista los trabajos con exposición al polvo respirable de sílice cristalina e incorpora nuevos agentes y sus valores límite de exposición profesional.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.

Actualiza los anexos del Real Decreto 664/1997 sobre protección de trabajadores frente a agentes biológicos, para adaptarlo al progreso técnico y a la normativa europea. Incluye en la clasificación nuevos agentes biológicos, como el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2.

Modifica la Orden TMS/368/2019 para adaptar la normativa de formación profesional para el empleo. Incluye como colectivo prioritario a las personas con contrato suspendido o jornada reducida por un ERTE. También ajusta la cuantía de las becas y la participación de estas personas en acciones formativas.