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Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley regula el reconocimiento y las ayudas a las víctimas del terrorismo en Cantabria. Incluye indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, ayudas por daños materiales, asistencia sanitaria y social, medidas educativas, de empleo, vivienda y acceso a cultura y deporte. También crea distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas.

Establece un marco de cooperación entre España y Perú en seguridad pública y lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada. Enumera los delitos incluidos, como terrorismo, narcotráfico, trata de personas, blanqueo de dinero y tráfico de armas y bienes culturales.

Modifica la Ley 4/2008 de medidas a favor de las víctimas del terrorismo en Aragón. Añade artículos sobre reconocimiento institucional, memoria de las víctimas, un día de recuerdo, distinciones honoríficas, protección de la intimidad e imagen, acción popular, educación para la paz y difusión del conocimiento sobre el terrorismo.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid sobre víctimas del terrorismo. Amplía su ámbito a atentados ocurridos en la región y a quienes se trasladaron a Madrid por esa causa, y permite a la Comunidad ejercer la acción popular en ciertos delitos.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Regula cómo se declaran los movimientos de medios de pago (efectivo y otros) al entrar o salir de España o dentro del territorio nacional. Establece qué movimientos requieren declaración previa, los modelos, cómo y dónde presentarlos, y la intervención de los medios de pago si no se declaran.

Establece un marco de cooperación policial entre España y Ecuador para intercambiar información de inteligencia e investigar la delincuencia organizada transnacional. Fija las áreas de delito cubiertas, el procedimiento de cooperación, los órganos competentes y la protección de la información intercambiada.

Establece las condiciones financieras y administrativas de la contribución en especie de España a la Oficina de Programa de la ONU de Lucha contra el Terrorismo en Madrid. El Gobierno cede locales en la calle Marqués Viudo de Pontejos, 2, y asume su acondicionamiento, servicios y mantenimiento.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

El Acuerdo regula el establecimiento en Madrid de una Oficina de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT). Fija sus funciones, su personalidad jurídica, el estatuto de sus locales y personal y la contribución de España como país anfitrión.

Crea un equipo mixto de cooperación policial entre España y Níger para luchar contra el terrorismo y las redes criminales asociadas. El equipo refuerza las capacidades de la policía nigerina y comparte información y formación.

Establece un marco de cooperación entre España y Marruecos para luchar contra la delincuencia, en especial la organizada. Incluye el intercambio de información y la asistencia mutua entre las autoridades competentes de ambos países en delitos como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas o blanqueo de dinero.

Establece un marco de cooperación entre España y Uzbekistán para luchar contra la delincuencia, especialmente la organizada. Las autoridades competentes de ambos países colaborarán directamente en la prevención e investigación de delitos como terrorismo, tráfico de personas, drogas, armas o corrupción.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece un convenio entre España y Andorra para cooperar en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada, y en materia de seguridad. Incluye delitos como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero y falsificación, entre otros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.