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Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

El Acuerdo entre España y las Naciones Unidas establece una Oficina de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) en Madrid. El acuerdo entra en vigor el 2 de noviembre de 2023, quince días después de la última notificación de las partes.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Crea en el Ministerio de Justicia el Registro Central de Titularidades Reales, único para todo el país, y aprueba su reglamento. El registro reúne datos sobre quién es el titular real de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica españolas, y regula quién puede acceder a esa información y cómo.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley regula el reconocimiento y las ayudas a las víctimas del terrorismo en Cantabria. Incluye indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, ayudas por daños materiales, asistencia sanitaria y social, medidas educativas, de empleo, vivienda y acceso a cultura y deporte. También crea distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas.

Establece un marco de cooperación entre España y Perú en seguridad pública y lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada. Enumera los delitos incluidos, como terrorismo, narcotráfico, trata de personas, blanqueo de dinero y tráfico de armas y bienes culturales.

Modifica la Ley 4/2008 de medidas a favor de las víctimas del terrorismo en Aragón. Añade artículos sobre reconocimiento institucional, memoria de las víctimas, un día de recuerdo, distinciones honoríficas, protección de la intimidad e imagen, acción popular, educación para la paz y difusión del conocimiento sobre el terrorismo.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid sobre víctimas del terrorismo. Amplía su ámbito a atentados ocurridos en la región y a quienes se trasladaron a Madrid por esa causa, y permite a la Comunidad ejercer la acción popular en ciertos delitos.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Regula cómo se declaran los movimientos de medios de pago (efectivo y otros) al entrar o salir de España o dentro del territorio nacional. Establece qué movimientos requieren declaración previa, los modelos, cómo y dónde presentarlos, y la intervención de los medios de pago si no se declaran.

Establece un marco de cooperación policial entre España y Ecuador para intercambiar información de inteligencia e investigar la delincuencia organizada transnacional. Fija las áreas de delito cubiertas, el procedimiento de cooperación, los órganos competentes y la protección de la información intercambiada.

Establece las condiciones financieras y administrativas de la contribución en especie de España a la Oficina de Programa de la ONU de Lucha contra el Terrorismo en Madrid. El Gobierno cede locales en la calle Marqués Viudo de Pontejos, 2, y asume su acondicionamiento, servicios y mantenimiento.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba el procedimiento para elaborar una nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que sustituirá a la de 2019. El Comité Especializado contra el Terrorismo dirigirá el proceso, con aportaciones de comunidades autónomas y expertos.

El Acuerdo regula el establecimiento en Madrid de una Oficina de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT). Fija sus funciones, su personalidad jurídica, el estatuto de sus locales y personal y la contribución de España como país anfitrión.