Buscar en el BOE

El Consejo de Ministros ordena al Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliar el plazo de vencimiento de los avales públicos concedidos a empresas y autónomos al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También permite a CERSA ampliar los vencimientos de sus reavales, con un plazo máximo de diez años.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Regula cuándo se entiende causada la pensión de jubilación contributiva y el ingreso mínimo vital. En la jubilación, la persona interesada puede elegir la fecha del hecho causante si cumple los requisitos. En el ingreso mínimo vital, el hecho causante es la fecha de presentación de la solicitud.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.

Desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2022. Fija bases, tipos y topes de cotización, y adapta las bases a los contratos a tiempo parcial y a regímenes especiales.

Modifica el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de deudas con aval público de empresas y autónomos. Las entidades financieras adheridas deben mantener hasta el 30 de septiembre de 2022 los límites y condiciones de las líneas de circulante concedidas a sus clientes.

Modifica los anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, que regula ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para renovar flotas de transporte de viajeros y mercancías. Cambia requisitos y cuantías de las actividades de achatarramiento y otras actuaciones subvencionables.

Regula la concesión directa de subvenciones en Canarias para paliar la difícil situación económica de sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros afectados por la crisis del COVID-19. Establece los requisitos, el procedimiento de concesión, las obligaciones de los beneficiarios y las reglas de reintegro.

Establece medidas para proteger a los trabajadores autónomos, regular el paso a los nuevos mecanismos de defensa del empleo y apoyar la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. También prorroga ayudas para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Establece las bases para conceder ayudas a pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo para que adopten soluciones digitales. Forma parte del Programa Kit Digital, dentro del Plan de Recuperación y de la Agenda España Digital 2025.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, que concede préstamos a empresas turísticas para proyectos que mejoren la competitividad del sector, en especial los de digitalización de destinos turísticos e innovación y modernización de servicios. Se dicta en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2021. Fija bases, topes y tipos de cotización, incluidos los de colectivos con sistemas especiales y contratos a tiempo parcial.

Amplía hasta el 1 de junio de 2022 el plazo para solicitar los avales públicos a empresas y autónomos de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También modifica el Código de Buenas Prácticas de renegociación de deuda avalada para extender sus plazos y adaptar sus importes.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2021, que prorroga medidas de protección social para situaciones de vulnerabilidad social y económica. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica dos decretos-leyes extremeños que regulan las ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España. Cambia las bases de la primera convocatoria y la segunda convocatoria de estas ayudas en Extremadura.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.