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Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Establece medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye líneas de avales y un fondo de solvencia para empresas, moratorias de préstamos hipotecarios para inmuebles turísticos, planes de sostenibilidad turística y subvenciones para proyectos.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Establece medidas urgentes y temporales para asegurar que haya suficientes trabajadores en las labores agrarias durante la crisis del COVID-19. Regula quién puede acogerse a la flexibilización laboral, la compatibilidad de prestaciones y las obligaciones de las empresas.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.