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Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Modifica la ley de vivienda de Extremadura y crea un impuesto sobre las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. También crea el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda y un mecanismo de garantía de alojamiento o realojamiento del menor.

Prorroga la vigencia de varias medidas tributarias aprobadas tras la erupción volcánica de La Palma y modifica otro decreto-ley sobre medidas urbanísticas y económicas para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción.

Modifica la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Cambia cómo se regulan estas vías, que son caminos para el tránsito del ganado. Incluye reglas sobre expedientes en tramitación y su entrada en vigor.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Establece un marco general en toda España para aportar nutrientes a los suelos agrarios de forma sostenible. Regula el registro de las operaciones en el cuaderno de explotación, el plan de abonado, los límites de metales pesados y las condiciones de uso de estiércoles, residuos y agua de riego.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Modifica varias normas de Canarias. Cambia la ley del suelo para regular la legalización de explotaciones ganaderas y los planes de ordenación de recursos naturales, ajusta el reglamento de planeamiento y modifica la ley de la Agencia Tributaria Canaria y la del patrimonio autonómico.

Modifica el Decreto-ley 1/2022, que establece medidas urgentes en materia urbanística y económica para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La norma cambia el contenido de ese decreto anterior.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Cantabria. Establece los instrumentos de planificación territorial y urbanística, las clases de suelo y su régimen, la gestión y ejecución del planeamiento, la intervención en la edificación y el uso del suelo, y la disciplina urbanística.

La ley regula el desarrollo rural en el País Vasco. Define zonas rurales, crea instrumentos de planificación (programas territoriales, comarcales y planes locales) y establece cómo se organiza y financia la cooperación entre instituciones y agentes locales.