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Modifica el Decreto-ley 1/2022, que establece medidas urgentes en materia urbanística y económica para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La norma cambia el contenido de ese decreto anterior.

Adapta las medidas tributarias excepcionales aprobadas para la isla de La Palma tras la erupción volcánica al Decreto-ley 1/2022, que regula la construcción y reconstrucción de viviendas habituales afectadas. Incluye medidas sobre transmisión de parcelas y ejecución de obras, y suprime la tasa del Carné Joven.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

Modifica normas catalanas para acelerar el despliegue de energías renovables distribuidas y participadas. Regula el autoconsumo eléctrico, crea la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables y ajusta el Decreto-ley 16/2019 y la Ley 16/2017 del cambio climático.

Establece medidas fiscales y de gestión para paliar los efectos de la erupción volcánica en La Palma. Incluye aplazamientos de impuestos, tipos reducidos en tributos canarios y la creación de órganos de coordinación para la reconstrucción.

Establece medidas urgentes para proteger el territorio de las Illes Balears. Regula el suelo urbano no consolidado, la reclasificación de suelo urbanizable y las condiciones para edificar y usar vivienda unifamiliar en suelo rústico, con medidas de integración paisajística y ahorro de agua.

Modifica tres leyes extremeñas sobre ordenación del territorio, vivienda y grandes instalaciones de ocio. Busca reactivar la economía de Extremadura tras los efectos de la COVID-19 en la edificación y el urbanismo.

Establece medidas para impulsar la construcción de viviendas de titularidad pública en las Illes Balears, con reglas para su promoción, planificación y ejecución. También modifica la Ley de vivienda para añadir el derecho de tanteo y retracto de la Administración y agiliza trámites administrativos.