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Crea y regula el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de intercambio de vídeos a través de plataforma y de agregación de servicios audiovisuales. Establece cómo se inscriben estos prestadores y el procedimiento de comunicación previa del inicio de actividad.

Modifica el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico para limitar solo a una parte de la banda de 26 GHz el número de títulos habilitantes, de modo que el resto pueda usarse para comunicaciones electrónicas en autoprestación. También amplía hasta el 14 de febrero de 2024 el plazo para el cese de emisiones de TDT en definición estándar.

Regula la concesión de subvenciones para compensar los gastos de las comunidades de propietarios al adaptar sus instalaciones de recepción de televisión por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital). Establece el procedimiento, los beneficiarios, los conceptos subvencionables y las cuantías máximas.

Modifica el Reglamento del IVA, el de facturación y el de gestión e inspección tributaria. Desarrolla normas de la Unión Europea y amplía los regímenes especiales de ventanilla única para simplificar trámites. Regula el régimen de importación y las condiciones para actuar como intermediario.

Regula la concesión directa de subvenciones a prestadores privados de televisión para compensar los costes de adaptar sus equipos de transmisión a las nuevas frecuencias tras la liberación de la banda 700 MHz. Fija el procedimiento, los gastos cubiertos, los beneficiarios y los importes.

Regula la concesión directa de subvenciones a los prestadores de televisión de ámbito estatal y autonómico para compensar los costes de emitir sus canales de forma simultánea y transitoria entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, durante la liberación de la banda 694-790 MHz. También modifica el Real Decreto 392/2019 sobre ayudas a edificaciones afectadas.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO). Establece las actuaciones financiadas, las beneficiarias del servicio, la financiación, el procedimiento de concesión y pago, y las obligaciones de la entidad beneficiaria.