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Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Establece requisitos de seguridad para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 5G. Obliga a operadores, suministradores y usuarios corporativos a analizar y gestionar riesgos, y crea un Esquema Nacional de Seguridad 5G con inspección y sanciones.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.

Crea un impuesto sobre determinados servicios digitales. Grava los ingresos de empresas que prestan servicios digitales en España, como publicidad en línea o venta de datos, cuando superan ciertos umbrales. Regula quién debe pagarlo, cómo se calcula y cómo se gestiona.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO). Establece las actuaciones financiadas, las beneficiarias del servicio, la financiación, el procedimiento de concesión y pago, y las obligaciones de la entidad beneficiaria.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.