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Modifica el Real Decreto 773/1997 para adaptar sus anexos a la Directiva (UE) 2019/1832. Actualiza la terminología y la clasificación de riesgos de los equipos de protección individual para que coincidan con el Reglamento (UE) 2016/425.

Sustituye el Reglamento de equipos a presión de 2008 y aprueba siete instrucciones técnicas complementarias (EP-1 a EP-7). Regula la instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de equipos a presión, como calderas, botellas y recipientes.

Aprueba una instrucción técnica que unifica en un solo texto las normas de protección de los trabajadores de la minería frente al polvo y la sílice cristalina respirables. Incluye la consideración de estos trabajos como exposición a agente cancerígeno y actualiza los criterios de medición y vigilancia de la salud.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a las personas trabajadoras frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Actualiza la norma para incorporar al derecho español la Directiva (UE) 2017/2398, que cambia la lista de sustancias y procedimientos y los valores límite de exposición profesional.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Publica las ordenanzas del Puerto de Gijón que regulan quién puede entrar en la zona portuaria, cómo se circula dentro (vehículos, bicicletas, peatones y transportes especiales), las medidas de prevención de riesgos laborales y cómo se actúa ante emergencias. Incluye también un régimen de infracciones y sanciones.

Actualiza varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en ocho familias profesionales, entre ellas Agraria, Sanidad, Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, Marítimo-Pesquera, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y Transporte. Modifica también de forma parcial algunas cualificaciones ya existentes.

Modifica el Real Decreto 665/1997 para actualizar la protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos y mutágenos. Añade a la lista los trabajos con exposición al polvo respirable de sílice cristalina e incorpora nuevos agentes y sus valores límite de exposición profesional.

Permite a los operadores aéreos con certificado de AESA publicar la programación de actividades de sus tripulantes con al menos 5 días de antelación, en lugar de 14, si aplican medidas de mitigación del riesgo. Se enmarca en la crisis del COVID-19 y sustituye temporalmente el requisito ORO.FTL.110 a).

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.

Amplía las actividades preventivas que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social realizan para las empresas y los trabajadores autónomos adheridos, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Añade actuaciones de asesoramiento para aplicar las medidas preventivas del Ministerio de Sanidad en la vuelta a la actividad y en los sectores con más exposición al virus.

Aprueba y publica los medios aceptables de cumplimiento y el material guía para aplicar el Real Decreto 1036/2017 sobre el uso civil de aeronaves pilotadas por control remoto (drones). Incluye apéndices sobre el manual de operaciones, vuelos de prueba, perfiles de vuelo y mantenimiento de la aptitud del piloto remoto.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública restablece medidas para los Registros de Lleida y municipios del Baix Segrià por los rebrotes de COVID-19. Emite certificados para el desplazamiento del personal registral, prorroga el plazo de calificación y despacho y fija la atención al público por vía telemática y telefónica.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Concede dos subvenciones directas a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en materia de seguridad minera. Fija el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece mejoras en las condiciones de trabajo de los pescadores, incorporando al derecho español el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo en la pesca. Regula la repatriación, la alimentación, el alojamiento a bordo y la atención médica.

Este real decreto actualiza y unifica las normas de seguridad que se aplican a las actividades de buceo en España. Regula las modalidades y técnicas de buceo, las condiciones generales de seguridad, los requisitos de formación y salud, y la intervención de la Administración Marítima.

Publica un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior con recomendaciones sanitarias para la actividad comercial tras el estado de alarma por COVID-19. Las comunidades y ciudades autónomas pueden aplicarlas en sus territorios para mantener un marco común de seguridad.