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Modifica la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para tipificar como infracción determinadas conductas de acoso y para describir los elementos que integran la uniformidad del cuerpo. También suspende la vigencia de los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte.

Establece reglas especiales para conceder y tramitar ayudas públicas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y convocatorias propias. También modifica la Ley 5/2018 de vivienda y otras normas sobre viviendas desocupadas y fianzas de alquiler.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 137 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, que impone la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo en todos los delitos electorales. La sentencia interpreta el precepto conforme a la Constitución.

La ley regula la recuperación de tierras agrarias en Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. Crea instrumentos de ordenación, movilización y recuperación de tierras, como el Banco de Tierras, los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, y establece un régimen de control y sanciones.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece el régimen de infracciones y sanciones por incumplir las medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Regula la inspección, las actas, los tipos de infracciones (leves, graves y muy graves), las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

Modifica la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido de Navarra para aplicar los mismos tipos que en el resto del Estado. Incluye el tipo general del 21 % a las bebidas con edulcorantes añadidos y un tipo del 0 % temporal para material sanitario frente a la COVID-19.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Modifica la Ley Foral de Turismo de Navarra para ampliar su ámbito de aplicación, ordenar la actividad turística y regular las plataformas de oferta turística y los viajes combinados. Incorpora requisitos de protección frente a la insolvencia de las empresas de viajes.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Modifica el régimen transitorio para cobrar determinadas prestaciones sociales de las Illes Balears, cambia el régimen sancionador por incumplir normas de la COVID-19 y ajusta las exigencias de personal en las residencias de personas mayores.

Establece un régimen sancionador específico en Cataluña para quien incumpla las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula la inspección, las infracciones y su clasificación, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.