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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula el transporte marítimo de pasajeros y mercancías entre puertos o puntos de Cantabria. Crea un registro de empresas de transporte marítimo, fija deberes de información y control, y recoge los derechos y deberes de las personas usuarias. También establece infracciones, sanciones y el procedimiento sancionador.

Modifica la Ley de puertos de las Illes Balears para adaptarla a la normativa estatal. Añade un artículo sobre embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en zonas portuarias de gestión directa y habilita al Consejo de Gobierno para desarrollarla.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Andalucía. Establece cómo se clasifican y declaran los bienes culturales, quién tiene competencias y qué obligaciones existen para sus propietarios. También crea instrumentos de registro e información y fija un régimen de inspección y sanciones.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Regula los montes de Andalucía: qué se considera monte, cómo se clasifican en públicos y privados, su registro y catálogo, y las competencias de la Junta y los ayuntamientos. Establece normas de gestión sostenible, conservación, prevención de incendios, fomento y régimen sancionador.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, con la totalidad de gastos e ingresos del sector público y los beneficios fiscales. Incluye normas sobre personal, gestión del gasto, operaciones de crédito y actualización de tasas.

Regula el voluntariado en Cantabria: define qué es, quiénes participan (personas voluntarias, entidades y personas destinatarias) y sus derechos y deberes. Crea instrumentos de planificación, fomento, formación y un registro de entidades, y fija las competencias de las administraciones.

Modifica la Ley 2/2023 de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja para ajustarla a las competencias del Estado. Elimina o cambia varios artículos sobre los que había discrepancias con la Administración General del Estado y también modifica la Ley 8/2022 de caza y gestión cinegética.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

La ley regula la política de ciencia, tecnología e innovación en el Principado de Asturias. Crea y ordena el Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, sus agentes y su registro, y establece el Plan Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. También regula el personal investigador público, la financiación y la transferencia de resultados.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula en Aragón el autoconsumo eléctrico, las comunidades de energía (ciudadanas, renovables y mancomunidades) y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de proyectos de generación renovable y crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado, con un precio máximo de compraventa y de alquiler, y un registro autonómico de estas viviendas. También modifica varias normas sobre urbanismo, turismo y vivienda, y regula la actividad de agente inmobiliario.

Regula las enseñanzas artísticas superiores: su estructura, títulos de grado, máster y doctorado, centros, estudiantado y profesorado. También establece la organización y las equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.