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La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para incorporar al derecho español las normas de la Unión Europea que neutralizan las asimetrías híbridas. Estas asimetrías son situaciones en las que una misma operación permite una doble deducción o una deducción sin inclusión del pago en la renta.

Modifica las normas sobre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para adaptarla a su nueva clasificación como parte del sector público. Elimina los límites a la participación del Estado en su capital y regula cómo el FROB puede adquirir participaciones y tomar el control de la sociedad.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.