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El Tribunal Constitucional declara extinguido un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso había perdido su objeto porque esa disposición ya fue anulada por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que añadió al Código Penal el artículo 172 quater, que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente el embarazo y a los profesionales sanitarios de esos centros. La sentencia analiza si esa norma respeta el principio de legalidad penal y las libertades ideológicas y de expresión.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de presupuestos de 2022, que modificaba la Ley de bases del régimen local para cambiar la selección, provisión y nombramiento de funcionarios con habilitación nacional en el País Vasco. La sentencia declara nula esa disposición.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra. Declara la extinción parcial del proceso y anula el precepto que excluía ciertos servicios jurídicos de la ley de contratos, por invadir competencias básicas del Estado.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2020, que modifica la Ley 5/2008 sobre violencia machista. La sentencia declara nulo el precepto que imponía obligaciones a los partidos políticos en materia de prevención de la violencia machista y analiza la extensión de la protección a mujeres transgénero.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2020 de la Comunidad de Madrid, que modificó la Ley del suelo para impulsar la actividad urbanística. El proceso se extingue porque ha perdido sobrevenidamente su objeto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital, que atribuye al País Vasco y Navarra funciones de gestión y pago de esta prestación. La sentencia se remite a la doctrina de la STC 19/2024 sobre la constitucionalidad de ese precepto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Declara nulos parcialmente varios preceptos autonómicos que permiten la edificación residencial en suelo rústico, la desafectación de vías pecuarias y la exención de licencia urbanística a los usos mineros.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2021, que fija el régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial cuando sus miembros siguen en funciones tras expirar su mandato. La sentencia se apoya en la doctrina de la STC 128/2023 y examina si la norma incurre en vicios de procedimiento.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital y su modificación por la Ley de presupuestos de 2022. La sentencia declara constitucional que el País Vasco y Navarra asuman funciones, servicios y el pago del ingreso mínimo vital en su territorio.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Comunidad de Madrid contra el artículo 29 del Real Decreto-ley 14/2022, que regula el plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización. La sentencia examina si el Gobierno podía aprobar esa norma por decreto-ley y si respetó las competencias autonómicas.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 16/2021, que permitía a los jueces suspender hasta el 31 de octubre de 2021 el lanzamiento de personas que ocupaban una vivienda habitual sin título, salvo que hubiera intimidación o violencia.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Asamblea de Madrid contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese precepto no vulnera los derechos ni principios invocados y se remite a su doctrina anterior sobre este impuesto.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso del Gobierno de Murcia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Declara que ese impuesto es constitucional como tributo directo, personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 15 y el punto sexto de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021. Declara que la medida cumple los límites del decreto-ley: existe justificación de urgencia y conexión con la situación que se regula.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Junta de Andalucía contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese impuesto es constitucional y no vulnera las competencias autonómicas ni los principios invocados.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Xunta de Galicia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese impuesto es constitucional, al ser un tributo directo, personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio.