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Adapta la ley que regula las haciendas locales a varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal que grava la subida de valor de los terrenos urbanos. Establece que no se pague el impuesto cuando no haya aumento de valor y cambia cómo se calcula la base imponible para que refleje el mercado inmobiliario.

Permite a las Delegaciones de Economía y Hacienda conceder aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas públicas no tributarias, como el reembolso de préstamos de la Administración General del Estado. También modifica el Real Decreto-ley 5/2021 sobre apoyo a la solvencia empresarial.

Modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para incorporar normas de la Unión Europea que neutralizan las asimetrías híbridas. Estas asimetrías son situaciones en las que un mismo pago o gasto se deduce dos veces o se deduce sin tributar.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Amplía el plazo para presentar e ingresar determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. También incluye una disposición sobre la gestión de créditos relacionados con el COVID-19.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.