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Regula cómo se decide qué productos sanitarios (como tiras reactivas o apósitos) se financian con dinero público para pacientes no hospitalizados, cómo se fijan sus precios y los márgenes de distribución y dispensación en farmacias. También establece cómo se incluyen, excluyen y revisan esos productos.

Modifica el Real Decreto 511/2017, que aplica en España las normas de la Unión Europea sobre el programa escolar de reparto de frutas, hortalizas y leche. Actualiza el reparto de tareas entre órganos de la Administración y las referencias a la Dirección General de la Industria Alimentaria.

Regula la concesión directa de subvenciones a las salas de cine que ofrezcan entradas a precio reducido a personas de 65 o más años. La medida se aplica al periodo 2025-2026 y da continuidad al programa «Cine Sénior».

Regula la concesión directa de subvenciones a las salas de cine para el año 2024. Las ayudas sirven para rebajar el precio de las entradas a las personas de 65 años o más y así fomentar su asistencia al cine.

Modifica el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz. Introduce referencias a precios a plazo del mercado y busca reducir la volatilidad de esa tarifa.

Regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años. Establece los requisitos, el procedimiento, el pago y la justificación de estas ayudas.

Modifica el Real Decreto 823/2008, que fija los márgenes, deducciones y descuentos en la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano. Ajusta el índice corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia aplicado a recetas dispensadas con cargo a fondos públicos.

Modifica la normativa que regula los contratos de compraventa de leche y el reconocimiento de organizaciones de productores e interprofesionales del sector lácteo. Aclara obligaciones de contrato según dónde esté el comprador, fija un plazo para rechazar ofertas de contrato y precisa reglas sobre tolerancias, adendas y contratos simultáneos.

Regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética para vehículos eléctricos. Establece los derechos y obligaciones de los operadores de puntos de recarga y de las empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica, y fija el régimen de autorización de infraestructuras de más de 250 kW.

Establece la metodología para calcular cada año cómo se reparten entre los usuarios del sistema eléctrico los cargos que cubren sus costes regulados. Define la estructura de cargos, los periodos horarios, la facturación y el cálculo de los precios de potencia y energía.