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Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Establece medidas urgentes para el transporte discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo en las Illes Balears, con el fin de ajustar la oferta a la demanda turística. Regula la contratación por plaza, licencias temporales de autotaxi y autorizaciones de alquiler con conductor, y modifica varias leyes autonómicas.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

Prolonga el mecanismo que ajusta el coste de producción para bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista (conocido como «mecanismo ibérico»), que terminaba el 31 de mayo de 2023. También permite presentar nuevas coberturas para quedar exento de pagar el coste de ese ajuste.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Permite a las instalaciones de cogeneración renunciar al régimen retributivo específico para acogerse al mecanismo de ajuste de costes del gas. También reduce temporalmente el IVA del gas natural, briquetas y pellets, e impulsa la tramitación de renovables.

Fija los precios por crédito de los servicios académicos de los másteres oficiales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el curso 2022/2023. Los importes varían según el máster, el número de matrícula y si el estudiante es extranjero no residente en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

La orden fija los precios públicos por servicios académicos y otros servicios de la UNED para el curso 2022-2023. Los precios se calculan por crédito ECTS y varían según el tipo de enseñanza, el grupo de clasificación y la vez de matrícula.

Fija los precios públicos de los cursos, diplomas y certificados no oficiales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para 2022. Incluye tarifas de matrícula, tasas de secretaría, descuentos y bonificaciones.

Mantiene para el curso 2022-2023 los mismos límites máximos de precios públicos universitarios fijados para los cursos 2020-2021 y 2021-2022. Las comunidades autónomas fijan esos precios dentro de dichos límites.

Establece un mecanismo temporal que ajusta los costes de producción de la electricidad para bajar su precio en el mercado mayorista. Fija cómo se calcula ese ajuste, quién lo liquida y cómo se aplica en el mercado ibérico.

Fija los precios públicos que se cobran por usar los servicios y actividades del Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), dependiente del Instituto de la Juventud. Sustituye la resolución anterior de 2014 y regula las tarifas, el pago, las reservas y las cancelaciones.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.