Buscar en el BOE

Modifica la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para 2025. El cambio afecta al límite máximo de endeudamiento a largo plazo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para ese ejercicio, para ajustarlo a los objetivos de déficit y deuda acordados.

La ley crea la figura de los Proyectos de Interés Estratégico (PIER) en Asturias y regula cómo se declaran, qué efectos tienen, cuánto duran y cómo se controlan. También modifica la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Regula el Instituto Vasco de Finanzas, un ente público de derecho privado adscrito a la Administración vasca. Define su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno, personal, recursos económicos, patrimonio y régimen de transparencia. También fija cómo se extingue y liquida.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

La ley regula la dinamización del medio rural de Aragón. Establece principios de actuación, criterios para clasificar municipios y asentamientos rurales, instrumentos de planificación y medidas de fomento económico, empleo, vivienda, servicios y fiscalidad diferenciada.

La ley establece medidas para frenar la pérdida de población en municipios de la Comunitat Valenciana y para que sus habitantes tengan los mismos servicios y oportunidades que el resto. Define qué es un municipio en riesgo de despoblamiento, crea órganos de coordinación y un fondo de cooperación municipal, y regula actuaciones en servicios públicos, empleo, vivienda y economía.

Regula los mercados de valores y los servicios de inversión en España. Establece el régimen de los valores negociables, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mercado primario, los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión. También fija normas de conducta, supervisión y sanción.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Regula la gestión de residuos y los suelos contaminados en la Comunitat Valenciana para impulsar la economía circular. Crea la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular y establece planes, obligaciones y objetivos de prevención, recogida y reciclaje.

Esta ley acompaña a los presupuestos de Cantabria de 2023 y reúne medidas fiscales y administrativas. Modifica tasas, contribuciones especiales e impuestos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre finanzas, subvenciones, patrimonio, servicios sociales, sanidad, urbanismo y consumo.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2023 en La Rioja. Incluye la suspensión del impuesto autonómico sobre eliminación de residuos en vertederos y cambios en tasas y en varias áreas de gestión. También regula aspectos de gratuidad de material escolar, contratación, empleo público, farmacia, salud, servicios sociales, infraestructuras, cooperativas de vivienda y ganadería.

La ley regula la economía social en Aragón: define qué es, qué entidades la forman y cómo se organizan. Establece políticas de fomento, apoyo económico, formación y un Plan Aragonés de Impulso. Crea el Consejo Aragonés de la Economía Social.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Regula la economía social en Canarias: define qué entidades forman parte de ella, crea un catálogo canario de estas entidades y establece medidas de fomento, ordenación y difusión del sector. También crea la Comisión de la Economía Social de Canarias y prevé una estrategia canaria de economía social.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

La ley regula el desarrollo rural en el País Vasco. Define zonas rurales, crea instrumentos de planificación (programas territoriales, comarcales y planes locales) y establece cómo se organiza y financia la cooperación entre instituciones y agentes locales.