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La ley establece el marco para impulsar la economía circular en Castilla-La Mancha: un modelo que aprovecha al máximo productos, materiales y recursos y genera el mínimo de residuos. Define principios, objetivos, líneas de actuación, una estrategia regional, los actores implicados y una comisión de coordinación.

Aprueba los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2020: fija los gastos e ingresos de la Administración y sus organismos, regula la gestión presupuestaria, el gasto de personal, las operaciones de crédito y algunas normas tributarias.

Aprueba los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2020: fija los créditos iniciales, su financiación y los beneficios fiscales, y regula la gestión del gasto, el personal, las subvenciones, la deuda y los tributos. También establece la información que se remite a Les Corts.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, sociedades y fundaciones públicas. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y tasas.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020 y regula cómo se gestionan los créditos, los gastos de personal, las transferencias a entidades locales y las operaciones de endeudamiento. También fija beneficios fiscales y actualiza las tasas autonómicas.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.