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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aporta 600.000 euros voluntarios a la OCDE para actividades de su Programa de Trabajo y Presupuesto 2025-2026. El acuerdo detalla el reparto de esa contribución entre líneas de trabajo, como el informe Perspectivas económicas de América Latina.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.

La ley regula los espacios productivos de Andalucía, como los polígonos industriales, para fomentar la industria. Crea órganos de coordinación, un plan director y un sistema para clasificar y modernizar estos espacios. También establece incentivos y formas de colaboración entre administraciones y empresas.

Modifica la Orden HAP/2105/2012, que regula qué información deben enviar las comunidades autónomas y las entidades locales sobre sus cuentas. Añade nuevos datos a remitir, como los planes presupuestarios a medio plazo, los pasivos contingentes ligados a catástrofes y clima y la incidencia en déficit y deuda de determinados organismos y fondos. Incorpora así al derecho interno la Directiva (UE) 2024/1265.

El Consejo de Ministros aprueba la Adenda de Simplificación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta adenda revisa hitos y objetivos para agilizar su verificación, actualiza las medidas del Plan y ajusta el uso de los fondos europeos antes de que el Mecanismo finalice el 31 de agosto de 2026.

Modifica el Real Decreto 337/2018 para adaptar las reglas sobre previsiones macroeconómicas y presupuestarias a la normativa de la Unión Europea. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2024/1265, que cambia los requisitos de los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

Modifica el Real Decreto 1012/2015 para adaptar el cálculo del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) de los grupos bancarios de importancia sistémica mundial con estrategia de resolución basada en una activación múltiple (MPE). Incorpora así al derecho español la modificación de la Directiva 2014/59/UE hecha por el Reglamento (UE) 2022/2036.

Aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, que planifica las políticas activas de empleo en el marco de la Ley 3/2023. La Estrategia fija objetivos, medidas, financiación y un sistema de seguimiento y evaluación.

Modifica la norma que crea el Consejo Asesor de Asuntos Económicos. Cambia el nombramiento de sus miembros: dos años renovables por periodos de igual duración, sin límite de renovaciones. También actualiza las referencias al ministerio y a la dirección general competentes.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para 2025. El cambio afecta al límite máximo de endeudamiento a largo plazo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para ese ejercicio, para ajustarlo a los objetivos de déficit y deuda acordados.

La ley crea la figura de los Proyectos de Interés Estratégico (PIER) en Asturias y regula cómo se declaran, qué efectos tienen, cuánto duran y cómo se controlan. También modifica la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2025 en La Rioja. En impuestos, prorroga una deducción del IRPF por intereses de préstamos hipotecarios y bonifica al 100 % el impuesto sobre el patrimonio. También modifica tasas y varias leyes autonómicas.

Modifica varios impuestos de Navarra: renta, patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas y haciendas locales. Se centra en mejorar la fiscalidad de las empresas, sobre todo del sector primario y del audiovisual.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas de residuos y agua, y en normas sobre finanzas, subvenciones, urbanismo, carreteras, vivienda protegida, turismo, discapacidad y sanidad.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las normas de gestión del gasto. También incluye normas tributarias y de relación con las entidades locales.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.