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Modifica la norma que crea el Consejo Asesor de Asuntos Económicos. Cambia el nombramiento de sus miembros: dos años renovables por periodos de igual duración, sin límite de renovaciones. También actualiza las referencias al ministerio y a la dirección general competentes.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para 2025. El cambio afecta al límite máximo de endeudamiento a largo plazo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para ese ejercicio, para ajustarlo a los objetivos de déficit y deuda acordados.

La ley crea la figura de los Proyectos de Interés Estratégico (PIER) en Asturias y regula cómo se declaran, qué efectos tienen, cuánto duran y cómo se controlan. También modifica la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.

Modifica varios impuestos de Navarra: renta, patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas y haciendas locales. Se centra en mejorar la fiscalidad de las empresas, sobre todo del sector primario y del audiovisual.

Crea las Áreas de Promoción Económica en Navarra, entidades que agrupan a comercios y empresas de una zona para impulsar su desarrollo. Regula cómo se constituyen, sus órganos de gobierno, su financiación mediante aportaciones obligatorias y su extinción.

Establece las normas para conceder de forma directa una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia inversiones en la provincia de Teruel que generen renta, riqueza y actividad económica. Se enmarca en el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Crea el Consejo de la Productividad de España, un órgano que analiza y evalúa las políticas públicas que afectan al crecimiento de la productividad. Regula su composición, presidencia, secretaría, funciones y forma de funcionamiento, y prevé un informe anual.

Regula la actividad y el funcionamiento del Fondo de Coinversión (FOCO), un fondo estatal sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Establece las condiciones de elegibilidad de coinversores y operaciones, y la composición y competencias de sus órganos de gestión.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Regula el Instituto Vasco de Finanzas, un ente público de derecho privado adscrito a la Administración vasca. Define su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno, personal, recursos económicos, patrimonio y régimen de transparencia. También fija cómo se extingue y liquida.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

Prorroga hasta el 30 de septiembre de 2023 la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir el COVID-19. También mantiene medidas tributarias para la recuperación de actividades en la isla de La Palma.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

El Consejo de Ministros aprueba la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que añade reformas e inversiones hasta 2026. La Subsecretaría dispone su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La ley regula la dinamización del medio rural de Aragón. Establece principios de actuación, criterios para clasificar municipios y asentamientos rurales, instrumentos de planificación y medidas de fomento económico, empleo, vivienda, servicios y fiscalidad diferenciada.

Establece medidas para impulsar la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Regula el autoconsumo, las comunidades de energía, las líneas directas y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de la generación renovable y crea un fondo de solidaridad energética.

La ley establece medidas para frenar la pérdida de población en municipios de la Comunitat Valenciana y para que sus habitantes tengan los mismos servicios y oportunidades que el resto. Define qué es un municipio en riesgo de despoblamiento, crea órganos de coordinación y un fondo de cooperación municipal, y regula actuaciones en servicios públicos, empleo, vivienda y economía.