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Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

Modifica el Decreto ley 6/2020 de Canarias, que creó el Ingreso Canario de Emergencia y flexibilizó la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción para personas en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. El cambio se aprueba mediante un artículo único y una disposición final sobre su entrada en vigor.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Suprime la fecha límite del 30 de septiembre de 2020 para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Desde ahora se aplican los plazos generales de ese plan.

Modifica la Ley 19/2017 de renta valenciana de inclusión para adaptarla a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal. Reordena y cambia artículos y títulos de esa ley y añade nuevas prestaciones económicas.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Crea y modifica programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para paliar el impacto del COVID-19 en el alquiler de vivienda habitual. Incluye ayudas directas al alquiler, préstamos sin intereses avalados por el Estado y apoyo a personas en situación de desahucio o sin hogar.

La Instrucción establece que el Ministerio de Defensa apoye al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante el estado de alarma por el COVID-19. El apoyo se centra en la protección de las personas sin hogar y de los asentamientos chabolistas, siguiendo las órdenes e instrucciones de ese Ministerio.