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La ley regula la reconstrucción y recuperación tras una erupción volcánica en Canarias. Establece derechos de realojamiento y ayudas para las personas afectadas, y medidas en vivienda, economía, empleo, sanidad, educación, medio ambiente y patrimonio. También prevé un consorcio para coordinar la vuelta a la normalidad.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Establece medidas territoriales y urbanísticas para recuperar la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula el uso de los terrenos cubiertos por la lava según su espesor y crea el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece el marco de la política demográfica y territorial de Extremadura para afrontar la despoblación. Crea órganos de coordinación, una Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial y un informe anual con indicadores. Regula medidas en agricultura, desarrollo rural, urbanismo, vivienda, servicios públicos, empleo, familias, cultura, industria e igualdad.

La ley establece medidas para agilizar trámites en Canarias en costas, energía eléctrica, turismo y actividades clasificadas. Incluye una declaración responsable para obras en construcciones anteriores a la Ley de Costas, reduce plazos de autorización eléctrica y simplifica la renovación turística.

Establece el marco jurídico de la política ambiental de Euskadi: competencias y coordinación, información y participación pública, autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente, evaluación ambiental, inspección y régimen sancionador.

Crea un fondo de financiación incondicionada para las entidades locales autónomas de Andalucía, con una dotación inicial de 2,5 millones de euros que empieza en 2022. Regula qué entidades pueden recibirlo, cómo se reparte el dinero, cómo se notifica y cómo se paga.

Crea en Aragón el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales, que sustituye al anterior impuesto sobre la contaminación de las aguas. Regula quién debe pagarlo, qué usos se gravan, las exenciones, cómo se calcula el consumo y la carga contaminante, las tarifas y la gestión del tributo.

La ley actualiza la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha. Introduce principios de desarrollo sostenible y simplifica los trámites administrativos urbanísticos, con medidas para impulsar la actividad económica, especialmente en zonas rurales.

Esta ley crea un modelo de relación entre las empresas y las administraciones públicas de Cataluña, con una Ventanilla Única Empresarial y un portal único digital. Regula cómo se autorizan, comunican y controlan las actividades económicas y los establecimientos.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.