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Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.

La ley regula la reconstrucción y recuperación tras una erupción volcánica en Canarias. Establece derechos de realojamiento y ayudas para las personas afectadas, y medidas en vivienda, economía, empleo, sanidad, educación, medio ambiente y patrimonio. También prevé un consorcio para coordinar la vuelta a la normalidad.

Establece medidas urgentes para reparar los daños y pérdidas causados por las tormentas e inundaciones ocurridas en Aragón entre el 12 de agosto y el 28 de septiembre de 2025. Incluye subvenciones y compensaciones para viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, empresas e infraestructuras públicas.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece medidas territoriales y urbanísticas para recuperar la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula el uso de los terrenos cubiertos por la lava según su espesor y crea el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma.

Crea un fondo de financiación incondicionada para las entidades locales autónomas de Andalucía, con una dotación inicial de 2,5 millones de euros que empieza en 2022. Regula qué entidades pueden recibirlo, cómo se reparte el dinero, cómo se notifica y cómo se paga.